Autor: Ariel Terrero
Mipymes I: La mano del Estado
Las micro, pequeñas y medianas empresas se van a disparar en Cuba en los próximos meses y, sobre todo, en el 2022. A pesar de los desafíos, amenazas y posibles frenos en un escenario cambiante, el impulso es previsible no solo porque más de un centenar hizo la solicitud en dos días, apenas activó el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) sus computadoras y teléfonos el 20 de septiembre.
El primer motivo para un buen despegue es que muchos emprendedores pueden estar locos por dejar ese refugio semántico -peligrosamente simbólico, diría Pierre Bourdieu-, para que les empiecen a llamar sin prejuicios ni eufemismos como lo que son: empresarios y empresarias -doblemente simbólico, añadiría Isabel Moya.
Desde los años 90 han actuado como tales, pese a carecer de personalidad jurídica y legitimidad política plena: en la gastronomía, el turismo, la construcción, las industrias, el transporte, la informática… Inscritos apenas como trabajadores por cuenta propia, muchos han creado marcas, logos, estrategias de marketing, códigos QR, sitios web corporativos y redes de servicios; tienen personal asalariado y clientela estatal.
Para almas emprendedoras
¿Cuántos subirán ahora de escalón, amparados por el Decreto-ley 46 del 2021? Ya nos enteraremos. Pero no deben ser pocos. Son tentadoras las ventajas crediticias que se derivan de una mejor determinación del patrimonio social de sus empresas, sin compromiso del patrimonio personal de los propietarios en caso de deudas, y la autoridad jurídica que ganan para hacer negocios -también con empresas extranjeras, por cierto. Otra buena razón para esperar una expansión rápida.
Ni siquiera creo que les frenen los resquemores por alguna rigidez en la abultada serie legislativa concebida para reordenar el trabajo por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias y las mipymes: seis decreto-leyes, un decreto, 15 resoluciones ministeriales y dos resoluciones del Banco Central de Cuba. La oreja peluda de la burocracia en que Max Weber retrató hace un siglo el apego al poder coactivo de la norma, reaparece en el Decreto-ley 44 al forzar el tránsito de un TCP a empresa para poder contratar a más de tres personas. Imposición quizás innecesaria, si el diseño político incluye ventajas que animarán por sí solas el salto de los privados con madera empresarial.
Pero estamos hablando de hombres y mujeres de negocios. Gente práctica, tercer motivo para prever que prueben fuerzas y amplíen planes, producciones y mercados. El ejercicio diletante se lo dejarán a otros. Las almas verdaderamente emprendedoras optarán por pedalear duro para escapar del nutrido pelotón cuentapropista y tomar luego la vanguardia en el no menos concurrido pelotón empresarial. Es lo que han hecho desde que los primeros salieron a la pista de la economía cubana en los años 90, cuando los obstáculos eran más empinados y la incertidumbre más desmovilizadora que hoy.
El nacimiento, o el rebautizo jurídico de estas empresas, puede ganar fluidez, además, a cuenta de los canales digitales creados para darles entrada en el Registro Mercantil a las nuevas sociedades de responsabilidad limitada.
Hacia un Estado proactivo
Después del primer salto, un segundo impulso, de previsión más atrevida, lo atisbo el próximo año a medida que queden atrás los momentos más cruentos de la pandemia y la economía cubana se enganche a la recuperación gradual del turismo y del comercio mundial. La razón para aguardar entonces empresas de nueva creación dependerá de la intensidad que mantenga la reforma económica en marcha hoy y de la fidelidad del programa a su denominación de origen: Perfeccionamiento de los actores económicos.
Las transformaciones económicas, que se han acelerado este año a escalas tangibles en medio del drama con sello Covid-19 en la producción, los servicios y el consumo, agregan abono en la disposición al riesgo de estos nuevos actores de la economía, una cualidad innata en cualquier emprendimiento empresarial.
Pero las condiciones favorables antes mencionadas son más bien de naturaleza ingénita o han surgido por lógica evolutiva. Del Estado han requerido poca mediación todavía, aunque los redactores del voluminoso paquete legislativo que entró en vigor el 20 de septiembre hayan sudado la tinta. El Estado ha intervenido básicamente para abrir las puertas y dejar pasar a las empresas privadas junto con las estatales, bajo el formato de micro, pequeñas y medianas empresas, como regula la Constitución.
Las autoridades tendrán que hacer mucho más para no ver el universo cubano de las mipymes reducido a los antecedentes inmediatos en la gestión privada. El trabajo por cuenta propia tuvo una expansión menor a la que previó y deseó en algún momento el propio gobierno. Aunque hace casi una década se habló de metas de un millón de cuentapropistas, la cifra escaló de 424 mil en 2013 a 540 mil en 2016. Desde entonces el crecimiento ha sido pálido: 618 mil en el año 2019, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). El impacto de la Covid-19 la llevó a 602 mil este año, a juzgar por datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Un giro más proactivo lo adoptó el Estado con pasos para flexibilizar las normas del cuentapropismo y crearle opciones comerciales inéditas -mercados mayoristas y la posibilidad de negociar con personas jurídicas, estatales y extranjeras, entre otras. Pero demoró. Las medidas más importantes se implementaron a partir del 2019, en vísperas de llegar el coronavirus desmovilizador. La contracción económica de la pandemia hizo mella en la iniciativa privada también.
De cualquier manera, el magro impacto que esas medidas han conseguido envía una señal sobre la necesidad de dar pasos más resueltos, sobre todo, para articular mejor a los productores privados y a las cooperativas con el resto de la economía, si las formas de gestión no estatal se han concebido como protagonistas del desarrollo y no como mero refugio de supervivencia.
Del rol pasivo de custodio que abre puertas, observa y controla, el Estado debe pasar al de calculador y creador de condiciones para el fomento de las mipymes. Tiene motivaciones para hacerlo. La que más reitera públicamente es la concepción de estas pequeñas estructuras empresariales como una importante fuente de empleo. “Lo que estamos haciendo hoy va en esa dirección, es generación de empleo, oportunidades, es construir un proyecto país con la participación de todos”, argumentó el ministro de Economía, Alejandro Gil, al presentar esta opción en la Mesa Redonda.
Potencial
Las estadísticas del mundo evidencian un potencial poco explotado en Cuba aún. A pesar de millones de puestos perdidos por la Covid-19, en los países latinoamericanos las micro, pequeñas y medianas empresas emplean al 67 por ciento de los trabajadores, de acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Pero en Cuba, los trabajadores por cuenta propia apenas representan el 13 por ciento de todos los empleados y, si se suman las demás opciones no estatales -cooperativas y campesinos privados, fundamentalmente-, redondean 1,4 millones de personas, el 32 por ciento del total ocupado.
Otra razón para mirar con interés a las mipymes, abiertas en Cuba para formas estatales y privadas por igual, es el protagonismo que han ganado estas estructuras en la economía global. En la carrera por rebajar costos, las grandes empresas optan por reducir personal, mantienen líneas especializadas y cierran actividades complementarias, que subcontratan luego a terceras entidades, especializadas igualmente y de dimensiones pequeñas la mayoría de las veces. Este recurso les confiere flexibilidad para responder a las demandas del mercado, eficiencia económica y competitividad. ¿No son aspiraciones también de la reforma económica cubana en marcha?
Por conversión o simple rebautizo de trabajadores por cuenta propia, deben aparecer en breve numerosas mipymes. Alrededor de la quinta parte del personal registrado como cuentapropista está en realidad contratado por otros. Las cifras podrían multiplicarse -verdadero desafío-, si el Estado logra articular un escenario favorable para todos sus actores económicos. Quizás las mipymes, privadas y estatales, absorban entonces parte del personal que permanece subempleado en el limbo presupuestado o de la burocracia estatal y la Revolución resuelva definitivamente el viejo problema de las plantillas infladas.
Mipymes II: La mano de la banca
El gobierno cubano asumió una meta seductora, al proponerse que las micro, pequeñas y medianas empresas no deriven hacia una economía de subsistencia, como tiende a ocurrir en el mundo. “Queremos mipymes con una alta base tecnológica, con un carácter profesional y que generen valor agregado”, dijo el ministro de Economía, Alejandro Gil, cuando presentó la novedad. Reto peliagudo, pero no el único ni el más difícil.
Con actores nuevos en la economía se refrescan las expectativas y las oportunidades de desarrollo, pero deben aparecer, a la par, conflictos nuevos, que pueden derivarse también de la pluralidad de formas de propiedad aceptadas -privadas, estatales y mixtas. Por igual, las empresas en estreno tropezarán con viejos problemas del modelo económico cubano, que se agravarían, ganarían visibilidad y quién sabe si, con buen pie, encontrarían solución.
El desafío de la competitividad
La ambición del gobierno de hacer extensivo a estas pequeñas empresas el sello de innovación y competitividad que quiere para toda la economía se contradice con la tendencia dominante en otros países. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) aprecia una participación importante de las mipymes en el tejido empresarial de la región, con el 67 por ciento del total de empleados, pero, en contraste, apenas contribuyen con el 25 por ciento del producto interno bruto (PIB) regional. Esta diferencia, vista en estudios de 2016 a 2018, revela brechas en la productividad y una marcada inclinación hacia producciones y servicios de bajo valor agregado.
Los antecedentes en Cuba tampoco hablan a favor. Los trabajadores por cuenta propia (TCP) han mostrado más apego por los negocios de cafeterías, restaurantes, taxis, casas de alojamiento y otros de poco rango tecnológico y baja productividad. Con el 13 por ciento del total de ocupados en el país, aportaron solo un 5,8 por ciento de los ingresos del Presupuesto del Estado en el 2019. Otros estimados, citados en 2015 por el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), ubicaban en un 12 por ciento el aporte al PIB de las formas no estatales, cuando ocupaban el 27 por ciento de la fuerza de trabajo del país.
¿Podrán reducirse tales diferencias? Madera tiene Cuba, conocimientos, capital humano que durante décadas se replegó parcialmente hacia puestos no estatales poco exigentes, empujado por lógicas salariales y monetarias, entre otras, que han comenzado a cambiar -el alcance real será visible cuando pasen las convulsiones económicas del año en curso. En 2021 se ha acelerado la reforma. No solo llegaron las mipymes y la flexibilización del trabajo por cuenta propia.
Aunque el gobierno ha descartado la formación de pequeñas y medianas empresas solo de profesionales -con pocas excepciones… por el momento-, alienta la participación de especialistas de alta calificación en otras actividades y promete priorizar aquellas con denominación tecnológicamente sonora, como robótica, informática, creación de nuevos materiales y la manufactura aditiva (con impresión 3D).
Queda por ver si estos nuevos actores rompen con la tradición de subsistencia de los TCP en Cuba y de las mipymes en la región; si, con independencia del objeto social que asuman, rompen con la rutina de las empresas cubanas, sin garra generalizada para innovar y aplicar las maravillas de la tecnología y de la ciencia -los éxitos en la biotecnología, en algunas industrias y hasta en empresas agropecuarias de vanguardia son aislados-; y si consiguen franquear otra limitación más dramática que la propia ausencia de inspiración innovadora: los altos costos del desarrollo.
Alternativa bancaria
No creo que el capital extranjero se acerque con las maletas llenas de dólares a fundar empresas mixtas con los nuevos actores de la economía, así sean privados y la legislación en Cuba lo permita. Las mipymes más avanzadas pueden encontrar algún chance para financiarse con inversiones extranjeras directas, pero lo real es que no ha sido una opción espléndida para sus homólogas en otros países, ni para las empresas estatales en Cuba. Las sanciones anticubanas de Estados Unidos enfrían a la banca y a las compañías de otros países.
Por tanto, la constitución de una red de micro, pequeñas y medianas empresas y cooperativas que inyecten desarrollo tecnológico en la economía parece una utopía sin la participación de los bancos cubanos.
Para cargar con los altos costos de la clásica I+D+i empresarial (investigación, desarrollo e innovación), numerosos economistas han defendido desde hace años la creación de “mercados financieros, tanto crediticios como de capitales” en Cuba. ¿Podrá la banca cubana articularlos para los nuevos actores, si no lo ha logrado antes para atender plenamente la demanda estatal y cooperativa? Corre el riesgo de que las mipymes la pongan en jaque con una necesidad elemental, la arrancada de los negocios, antes de hablar del capital de trabajo para las mil urgencias cotidianas de una empresa.
La creación de un entorno bancario y comercial que sostenga la financiación y los suministros del modelo empresarial en gestación tropieza con el desangramiento financiero que afronta Cuba y con viejas deudas del modelo económico. Como la recuperación postpandémica no llegará con un chasquido de dedos, ni se atisban señales de que Joe Biden vaya a aflojar el bloqueo anticubano que Donald Trump subió a escalas violentas, a este país, y a sus bancos, no les queda más alternativa que innovar.
Pobre antecedente
El gobierno dio un paso inédito cuando se propuso acompañar este capítulo de la reforma empresarial con la creación de un mercado mayorista para todos los actores de la economía por igual. “Donde todas las formas económicas, tanto estatales como no estatales, pueden adquirir sus insumos y la importación se haga con un carácter más de abastecimiento de mercado y no por encargo puntual”, es la aspiración comentada por el ministro de Economía.
Después de mantener marginado el suministro de los TCP y las cooperativas en una periferia comercial, el anuncio revela disposición realmente innovadora en las autoridades. Pero las pone frente a otra urgencia, más peliaguda a mi juicio: organizar un mercado crediticio para las personas jurídicas que se estrenan en la economía. Sin él, el mercado mayorista y el comercio en general tomarían poco vuelo.
La creación de bancos de desarrollo y otras instituciones financieras de microcréditos ha ganado popularidad en un mundo con protagonismo creciente de los pequeños emprendimientos. ¿Lo intentará la banca cubana? Tengo dudas.
El banco de fomento agrícola acaba de aportar un pobre precedente. Hace un año lo propuso la Estrategia de recuperación económica presentada por el gobierno, pero la novedad quedó reducida a rama del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) a partir del primero de septiembre del 2021. Un burocrático sistema para aprobar cada préstamo empaña el atractivo de las bajas tasas de interés y el aporte de 1.800 millones de pesos del Presupuesto del Estado con ese objetivo. Ni siquiera favoreció su fundación como entidad independiente el tener un destino priorizado, la producción de alimentos.
Si aun así los productores agropecuarios han estado mejor conectados a los créditos que los trabajadores por cuenta propia, ¿qué perspectiva queda para las mipymes?
La diversificación de las instituciones bancarias, necesaria para multiplicar servicios, especializarse y ganar competitividad, continúa pendiente, sin reacción convincente frente a la reforma empresarial en marcha.
La Resolución 249 del Banco Central de Cuba (BCC), implementada hace pocos días, abrió la ventanilla de los créditos en moneda libremente convertible a las mipymes y a las cooperativas no agropecuarias. Un gesto oportuno, pero el beneficio puede demorar, mientras persistan las penurias financieras del país tanto como las ineficiencias propias del sistema bancario. Esta Resolución reitera la rígida centralización a que es proclive la banca, al amarrar la concesión de esos créditos en cualquier banco a la aprobación previa por el BCC.
El sistema bancario ha dado pasos en los últimos años para modernizarse, con servicios de banca móvil y banca remota, entre otros, y ha abierto sus puertas a las formas de gestión no estatales, pero sigue sujeto a un esquema de segmentación bancaria que “implica -comentaba el economista Francisco Borrás en un profundo artículo del 2019- que cada cliente tiene un solo banco al que acudir, o a lo sumo dos”, por lo cual queda atado a las condiciones que el prestamista impone.
La insuficiente autonomía de los bancos en Cuba y el conservadurismo tradicional de un sector con pobre cultura de riesgos le han restado todo dinamismo al crédito bancario como instrumento de gestión y crecimiento económico. El rebrote a cada rato del problema de las cuentas por cobrar y pagar es otra señal de poca eficiencia crediticia.
Investigaciones científicas dirigidas por Borrás han observado en las empresas estatales poca práctica de capitalizar su actividad con crédito bancario: solo la mitad de las empresas agrícolas estudiadas poco antes de la pandemia financiaba más del 60 por ciento de sus activos con deuda bancaria. Como no están en otro país, los TCP seguían por ese carril: una encuesta en La Habana confirmó que dos tercios financiaban sus negocios con ahorros propios, un 18 por ciento con remesas y un 5 por ciento con préstamos de garroteros.
Todo indica que la banca cubana se concentra en el rol primitivo de bóveda para guardar dinero.
Banco contra la pared
Con las reformas monetaria, de precios y salarial en marcha debe enderezarse más adelante un entorno que ha limitado la capacidad de la moneda nacional para cumplir las funciones del dinero y, por extensión, la capacidad de los bancos. Para ser justos, eran los primeros contra la pared cuando operaban con dos monedas nacionales, de valor dual cada una.
La interrogante es si el sistema bancario reaccionará, con el BCC a la cabeza, cuando pasen los desequilibrios lógicos de la coyuntura actual -inflación y comercio en MLC- y el peso cubano se recupere. ¿Tendrá espíritu para descentralizar estructuras, crear instituciones financieras de nuevo tipo, fundar bancos corporativos, diversificar servicios sin miedos y constituir fondos de financiamiento con el capital extranjero que entra al país mediante las remesas y otras vías? ¿Tendrá madera para innovar y transformar las políticas financieras?
Las barreras para acceder a créditos, que los analistas del CEEC Jessica León y David Pajón atribuían en 2015 más a problemas de las políticas de financiamiento que a la carencia de recursos financieros, acechan ahora a los actores que entran a la economía cubana, de la misma manera que han obstaculizado durante décadas a las cooperativas veteranas y a las empresas estatales.
El choque con las mipymes -privadas y estatales- y la renovación del sistema empresarial solo harán más evidente la necesidad urgente de reformar también el pesado cíclope bancario.
Mipymes III: La mano de obra
La fábrica de néctares y jugos Agroindustrial Media Luna, una de las nuevas Mipymes aprobadas en el país. Foto: Osvaldo Gutiérrez / ACN
La fábrica de néctares y jugos Agroindustrial Media Luna se verá obligada a rehacer en breve los contratos que ha negociado con otras empresas y organismos estatales cubanos. Los documentos los había firmado Fernando Albán como discreto trabajador por cuenta propia. Ahora tendrá que revalidarlos como líder de una entidad que estrena personalidad jurídica. Con otros dos socios y 97 trabajadores -exportadores de la marca Tuaba-, esta agroindustria se convierte en mediana empresa.
Igual contratiempo difícilmente les empañe el júbilo a Abel Bajuelos y su Addimensional, productora de piezas, herramientas y moldes con tecnología aditiva o de impresión 3D, a Roberto Rojas, con Lácteos Rojas -microempresas ambas, con menos de 10 trabajadores cada una-, y a Bernardo Romero, que en Ingenius mantiene a 15 personas vinculadas con la programación informática y, por tanto, clasifica como pequeña empresa.
Las cuatro son privadas, como la gran mayoría de las 234 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a las que dio luz verde el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), a un mes de emprender las inscripciones el 20 de septiembre. Estatales, apenas son siete. La opción de cooperativas solo ha sumado otras siete.
El desafío de la independencia
Cuando el proceso comenzó, diez años después de bendecido por el VI Congreso del Partido en 2011, a muchos tomó de sorpresa la inclusión de mipymes de propiedad estatal y mixta, junto a las privadas. Pero el gobierno se subió la parada de verdad cuando el ministro de Economía, Alejandro Gil, prometió “lograr la mayor similitud entre las facultades del sector estatal y no estatal”, pensando en reglas tributarias y oportunidades mercantiles, entre otras. Varios expertos, sin embargo, alertan que no basta con igualar mecánicamente cálculos y normas para actores con posiciones y capacidades diferentes en la economía.
Si las autoridades vencen la varilla a esa altura, probablemente atraigan en el brinco a muchos empresarios dispuestos a probar fuerzas. ¿Cuántos privados les seguirán? En solo dos días, más de un centenar presentó la solicitud. La incógnita mayor es cuántas estatales se sumarán al carro y qué influencia podría ejercer esta opción sobre la reforma de todo el sistema empresarial.
Muchas unidades empresariales de base, las controvertidas UEB, por lo general con menos de cien trabajadores, están pintadas para la conversión en mipymes. Las que lo intenten, resolverían viejos conflictos derivados de la insuficiente autonomía y de la carencia de personalidad jurídica.
“Las mipymes estatales son independientes en tanto no se integran, subordinan o son patrocinadas por ningún órgano, organismo o entidad”, previene la Resolución 63 del MEP, en el paquete legislativo para perfeccionar actores de la economía (seis decreto-leyes, un decreto y 17 resoluciones). La declaración suena osada, después de la sujeción por años a estructuras verticales, jerárquicas y centralizadas, que suelen trabar y retardar decisiones vitales todavía, aunque se flexibilizan de manera creciente.
Las organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE) en la cresta, con las empresas debajo y las UEB en el sótano, estructuraron una pirámide que podría aplanarse y cambiar, en proporción con la expansión de las mipymes en el universo estatal. Si la letra de las normas se aplica con todo rigor, las micro, pequeñas y medianas empresas podrían actuar como palanca para acelerar otros cambios pendientes en el modelo económico cubano.
Quiebra para evitar la quiebra
Una de esas transformaciones, con pobre avance por la complejidad económica, social y política que entraña, es el recurso de la quiebra empresarial. Su sola mención crea urticaria en el socialismo.
Los documentos rectores de la Actualización del modelo económico admiten llevar a liquidación las empresas con pérdidas sostenidas. Pero han moderado el tono en relación con los subsidios a las empresas. Luego de orientar tajantemente su eliminación en 2011 (Lineamiento 18), las versiones posteriores propusieron “disminuir progresivamente los niveles de subsidios y otras transferencias del Estado a las empresas” y evolucionar hacia una aplicación oportuna que incentive el desarrollo, la eficiencia y la competitividad (Lineamiento 22, de 2021). La vida demostró que el propósito de “eliminar”, entendido de manera radical, era utópico y un poco ingenuo.
El gobierno no ha podido renunciar a subsidiar producciones y servicios de valor estratégico, ni ha aceptado despedir a miles de trabajadores con el olímpico cinismo de un Poncio Pilatos capitalista.
La pandemia, además, confirmó de manera dramática la imposibilidad del Estado de desentenderse del destino empresarial. En los países capitalistas, gobiernos furiosamente neoliberales no han vacilado en socorrer financieramente a sus principales empresas. “Frente a la crisis del virus y a la expansión de los contagios, ningún mercado hizo nada”, observa el boliviano Álvaro García Linera. “Al contrario, los mercados escondieron la cabeza como avestruces y lo que salió a relucir como la única y última instancia de protección social fueron los Estados”.
Pero las autoridades cubanas tampoco han conseguido dirimir en las pérdidas causadas por impericia empresarial. Del Presupuesto del Estado salen año tras años montos de más de 20 mil millones de pesos en transferencias de capital para auxiliar a empresas con pérdidas. Antes de la pandemia, el economista Ricardo González, del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), percibía una influencia preocupante de ese socorro en el déficit fiscal cubano, al contribuir con el 40 por ciento del gasto planificado por el Presupuesto y ser equivalente al 25 por ciento del PIB en 2018.
Los costos de las transferencias actuales de capital a empresas con pérdidas y de un alza mayor en el déficit presupuestario se harán visibles cuando pase la crisis de la Covid-19.
¿Seguirá auxiliando el Estado a todas las entidades que refugian su ineficiencia detrás de la prioridad económica que les otorga el gobierno? ¿Extenderá ese salvavidas presupuestario a las nuevas mipymes estatales? ¿Y las mipymes privadas?
La “similitud de facultades” prometida a estos actores, colocará al gobierno, como nunca antes, frente a la obligación de moderar la llave de los subsidios por pérdidas y aplicar las normas de quiebra empresarial. El paquete legislativo del perfeccionamiento de actores económicos reitera la extinción o liquidación de las mipymes, privadas y estatales, y de las cooperativas si tienen pérdidas insostenibles.
De cumplirlo con total justicia, creo que en la mirilla caerían inevitablemente otras empresas estatales y encontraría solución una vieja debilidad del sistema empresarial cubano: la pasividad que la ausencia del riesgo de bancarrota genera en muchas administraciones y gerencias. “Las empresas (cubanas) enfrentan restricciones de recursos físicos, pero su restricción presupuestaria es blanda”, contrasta la economista del CEEC Ileana Díaz. “No quiebran en términos financieros. Siempre son ‘rescatadas’ en última instancia”.
Mano de obra con voz
A Cuba las micro, pequeñas y medianas empresas le ofrecen la oportunidad de levantar soluciones inmediatas, dinámicas, de corto plazo, mucho más fluidas que las de la gran empresa tradicional, para innovar soluciones, encadenar producciones, hacer ofertas al mercado, exportar y hasta burlar el bloqueo económico de EEUU. El dinamismo que les señalan numerosos estudiosos a esas empresas es la tendencia de estos tiempos de “vertiginosa velocidad del cambio, del envejecimiento acelerado y de la eterna posibilidad de recomenzar”, que observa Zygmunt Bauman en esta Modernidad líquida, donde aprecia también peligros por la ruptura parcial de compromisos del capital con el trabajo y una vida laboral “plagada de incertidumbre.”
Oportunidades y desafíos, en lugar del Estado paternalista. ¿Cuántas entidades estatales -UEB y otras- darán el salto a un modelo empresarial en que autonomía, ganancias, riesgos financieros y exigencias van de la mano? ¿Y asumirá el Estado sus riesgos?
No me sorprenderán colectivos que prefieran esconderse detrás de las máquinas y el buró, mientras continúan culpando de los problemas a un “arriba” al que no ponen nombre. Otros quizás se lancen sin comprender el desafío. Pero también creo en el capital humano y el nervio de muchos trabajadores que pueden intentarlo. ¿Les darán luz verde? ¿Cómo reaccionarán las estructuras a que están subordinados hoy?
La Resolución 63 del MEP admite que “la propuesta para convertir una entidad estatal o cualquiera de las estructuras organizativas sin personalidad jurídica en mipyme (…) puede partir de las organizaciones superiores de dirección empresarial, los jefes de las entidades, los trabajadores y el MEP”. Los trabajadores. O sea, ¿el colectivo de una UEB?
Si la norma se cumple y se alienta, las mipymes estatales abonarían algo esencial en un modelo económico socialista: la participación de los trabajadores. Dejaría de ser intervención pasiva de una asamblea para aprobar un plan que no ha cocinado o no comprende del todo.
El nuevo capítulo empresarial se agrega a otras señales y medidas que indican la voluntad creciente del gobierno por pasar a un modelo más descentralizado. La norma reciente que deja la administración de los salarios en manos de las empresas se suma a los pasos para transformar la asignación de recursos por el Estado en una administración financiera moderna. Unido a las reformas monetaria, de precios y de salarios, los cambios preparan dramáticamente el terreno para una pospandemia en que las empresas, de cualquier tipo, necesitan autonomía y protagonismo real como actores de la recuperación.
El éxito empresarial y el sentido socialista del modelo dependerán, ambos, de que sean los trabajadores quienes decidan realmente en las empresas. Pero la participación de estos verdaderos actores es algo que veo poco aún en el horizonte empresarial, en parte porque los sindicatos siguen más afines a rutinas y frases rituales.
La reforma empresarial en gestación triunfará también en la medida que acepte la pluralidad no solo en términos de formas de propiedad. Existen diferencias de capacidades, talento y entrega: veremos empresas realmente innovadoras, de vanguardia, lo mismo entre líderes de la industria biofarmacéutica y otras grandes del Estado, que entre las cooperativas y las mipymes, privadas y estatales. En todos esos ámbitos, sobrevivirán por igual colectivos con menos voluntad para el riesgo y la innovación, pobres resultados y pobres ingresos.
Las mipymes pueden servir de factor acelerante de muchos otros cambios soñados en el socialismo cubano, tanto como para hacerme recordar a Bauman cuando en su profundo ensayo Modernidad Líquida parodiaba a los laboratorios tecnológicos del capitalismo contemporáneo: “Hemos encontrado la solución. Ahora encontremos el problema”.
Tomado de Cubadebate
